En gran medida debido al proceso de incidencia de los clubes de migrantes, en 2009 se produjo otro cambio fundamental en el Programa 3×1. Ese año se abrió una sección para financiar únicamente proyectos empresariales, comúnmente conocidos como ‘proyectos productivos’. Sin embargo, bajo este esquema, el gobierno federal es el único obligado a igualar los recursos aportados por los clubes. La participación de los municipios y las entidades federativas es voluntaria. Pocos proyectos de esta naturaleza se han llevado a cabo hasta la fecha, aunque existe un interés creciente por parte de los migrantes por acceder a recursos públicos para crear proyectos que se traduzcan en fuentes de ingresos y generación de empleo en sus localidades. originalmente.
Fox y Gois (2010) identifican algunos factores por los cuales se genera esta situación. En primer lugar, la falta de recursos que las personas de las localidades de origen puedan invertir en actividades empresariales, sumada a la falta de capacidades técnicas y empresariales, dificultan el proceso de creación y consolidación de este tipo de proyectos. Además, es difícil para las personas que residen en estas localidades, así como para los servidores públicos, dar seguimiento a los proyectos que cuentan con financiamiento de los migrantes que residen en Estados Unidos. Finalmente, los proyectos productivos son considerados proyectos de inversión privada y no como inversión colectiva, como bien público,
Tanto García Zamora como otros investigadores de la Red de Migración y Desarrollo han identificado estos y otros desafíos. García Zamora (2005), define la transición de proyectos sociales, en su mayoría de infraestructura, a proyectos empresariales como el ‘paso de la muerte’ debido a una serie de obstáculos a nivel macro, meso y micro. Estos incluyen: a) la crisis estructural de la economía nacional, b) el desmantelamiento del estado para el desarrollo, c) los impactos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, d) la debilidad económica y organizacional de las comunidades mexicanas , ye) la fragilidad institucional de las organizaciones de migrantes en términos de disponibilidad de tiempo, profesionalización, organización y capacitación. A esto se suman algunos problemas relacionados con el buen funcionamiento del Programa 3×1 y que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar proyectos empresariales. Entre estos se encuentran la falta de
coordinación y planificación entre los tres niveles de gobierno, politización del programa, irregularidades administrativas, limitado funcionamiento de los comités de obra, falta de
adecuada supervisión y manipulación de los contratos de inversión por parte de los gobiernos estatales y municipales (García Zamora 2007: 168-169).
Estos son algunos de los retos a los que se enfrentan los migrantes cuando quieren emprender un proyecto empresarial y que deben abordarse de forma escalonada. En otras palabras, lo primero que se debe hacer es facilitar el acceso a información clave sobre los pasos que se deben seguir para constituir una empresa de carácter productivo. Por lo tanto, el gobierno debe facilitar el proceso necesario para que el migrante inyecte capital al país. Esto incluye realizar campañas horizontales de comunicación y promoción sobre la tipología de los programas existentes con la comunidad migrante, así como simplificar las reglas de funcionamiento de los programas existentes, como el Programa 3×1, para evitar que la ‘burocracia’ se convierta en un obstáculo. a la inversión
Un ejemplo relevante es el tema de la identificación oficial. Para que una persona pueda solicitar recursos de cualquier dependencia necesita una identificación oficial, que suele ser la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o el pasaporte. Sin embargo, la gente
Los migrantes no pueden acceder a una credencial para votar en el extranjero porque el IFE no tiene la facultad legal para expedir este documento fuera del territorio mexicano. En otros casos, es necesario contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que solo es emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o la Clave Única de Registro de Población (CURP). El RFC, al igual que la credencial para votar, solo se expide en México, por lo que una persona que resida fuera del país no puede realizar el trámite, lo que complica y retrasa la inversión en las comunidades de origen. Por tal motivo, es importante establecer convenios entre las instancias gubernamentales correspondientes para facilitar la emisión de estos documentos fuera del territorio nacional,